La Plataforma del Tercer Sector celebra la creación de la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública

Captura de pantalla de la publicación del BOE sobre el Real Decreto 667/2023, de 18 de julio, por el que se crea la Comisión Interministerial para el desarrollo y mejora de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública.
21/07/2023

La Plataforma del Tercer Sector celebra la aprobación del Real Decreto 667/2023, de 18 de julio, por el que se crea la Comisión Interministerial para el desarrollo y mejora de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública. Este Real Decreto, que propiciará el impulso de la contratación pública socialmente responsable, es fruto del trabajo llevado a cabo durante los últimos meses en el marco del Grupo de trabajo de Normativa y Financiación de la Comisión para el Diálogo Civil 

La creación de esta Comisión Interministerial también supone un avance entre los objetivos recogidos en el acuerdo marco de colaboración entre la Plataforma del Tercer Sector y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Esta Comisión Interministerial ejercerá las funciones relativas al análisis, seguimiento y evaluación de la aplicación de las cláusulas sociales en la contratación pública en ámbitos como la información, la accesibilidad y el diseño universal, las prescripciones técnicas, los criterios de adjudicación, las condiciones especiales de ejecución, el comercio justo o los contratos reservados, entre otras cuestiones. La comisión estará adscrita al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y contará con representación de todos los ministerios, así como del Consejo Nacional de la Discapacidad, de la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación y de las organizaciones sindicales más representativas. 

Como señala el propio decreto “a través de la contratación pública socialmente responsable o la contratación pública estratégica de carácter social, las autoridades públicas pueden promover oportunidades de empleo, trabajos dignos, inclusión social, accesibilidad universal, diseño para todas las personas, comercio justo, el cumplimiento de los derechos laborales y sociales de las personas trabajadoras y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la más amplia aplicación de las normas sociales, o la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y no discriminación”. 

A pesar del avance que supone la aprobación de este Real Decreto, desde la Plataforma del Tercer Sector queremos mostrar nuestra convicción y propósito de seguir abordando los desarrollos normativos pendientes, así como otras cuestiones fundamentales recogidas en el acuerdo marco con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que debido al adelanto electoral han quedado paralizadas, para lograr su cumplimiento en la próxima legislatura.