Construir otra forma de sociedad, centrada en las personas y en la que su cuidado sea la prioridad, es posible. Firmemente convencidas de esto, las más de 100 organizaciones sociales que se agrupan en la Plataforma del Tercer Sector de Canarias* reivindican su lugar estratégico para afrontar la salida a la actual crisis social provocada por la situación de emergencia sanitaria del Covid-19.

Desde que se inició la crisis sanitaria, las organizaciones sociales han puesto aún más de manifiesto que son un elemento clave para la atención de las personas y colectivos más vulnerables, tanto por su experiencia y conocimiento cercano de una heterogénea realidad de problemáticas sociales, como por la eficiencia en la gestión de la red de recursos de la que son responsables. Bien organizadas, con alta capacidad de gestión e implicación de los y las profesionales y el voluntariado que cuidan y acompañan a las personas que están sufriendo en mayor medida la dureza de las consecuencias (mayores, menores tutelados, personas sin hogar, familias en exclusión residencial, inmigrantes vulnerables, mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad y con problemas de salud mental, y, en general, aquellas que viven en situación de exclusión social), y que están haciendo de sostén para que la crisis social actual no se amplifique a niveles colosales. Y todo ello, a pesar de contar con recursos materiales y humanos, a todas luces, insuficientes.

El día en que la primera cepa del Coronavirus llegó a Canarias, antes de lograr enfermar a ninguna persona, encontró un territorio ya debilitado por otra amenaza crónica: la del riesgo de pobreza y exclusión social. Según el último Informe Foessa, la padece el 29% de la población canaria, el porcentaje más alto de España, 10 puntos por encima de la media nacional. Esa cifra debería provocar, al menos, un escalofrío colectivo y una reacción social y política inmediata.

Las autoridades sanitarias y los medios de comunicación han señalado rápidamente cuáles son los sectores de población que tristemente tienen mayor dificultad para superar la enfermedad que produce el COVID-19: las personas mayores y aquellas otras con problemas respiratorios e inmunológicos. Es decir, estar sano y fuerte es un buen escudo para esquivar el ataque. Sin embargo, mantenerse saludable física y mentalmente no es una elección individual. La defensa ante la enfermedad no depende solamente de factores biológicos, sino también de recursos externos, como, por ejemplo, de una alimentación correcta, un hogar y un entorno saludable. No hay que hacer excesivas cuentas para comprender que una familia con recursos económicos muy limitados, únicamente podrá acceder a una dieta de peor calidad y a una vivienda inadecuada y, a veces, ni siquiera eso. La precariedad es el factor de riesgo más olvidado en la gestión de esta crisis sanitaria y es, justamente, el elemento que más fuertemente azota a Canarias, sin contar los riesgos psicosociales implicados. El COVID-19 ha hecho aparición en el territorio con el mayor sector de población desprotegido para defenderse adecuadamente.

La pandemia ha sacado a la luz muchas desigualdades sociales y ha creado otras nuevas. La fotografía previsible cuando se levante el estado de alarma se adivina desoladora, especialmente en territorios como el nuestro (tan empobrecidos y tan poco diversificados económicamente e infradotados de la estructura de bienestar necesaria), así como en los países empobrecidos en los que trabajamos donde, dada la situación de pobreza, hambre y enfermedad, su población se está viendo azotada drásticamente.

La respuesta a la amenaza del COVID-19, o es global, o no será efectiva ni eficiente.

Sin embargo, saldremos adelante, de eso no hay duda. Que sea de forma justa o no, dependerá de la gestión política y social de este difícil panorama. No es una ecuación a resolver exclusivamente por las Administraciones Públicas, aunque sí son éstas quienes deben garantizar la correcta y adecuada defensa de los derechos de la ciudadanía, en especial de la más vulnerable. En este sentido, las organizaciones del Tercer Sector tienen la capacidad movilizadora suficiente como para erigirse en interlocutor social legitimado ante las Administraciones Públicas en todos los niveles de descentralización administrativa, con una óptica distinta en la que el diálogo, la coordinación y la unidad de acción, así como la visión amplia, transversal e integradora ilustren el camino conjunto.
Desde el inicio del estado de alarma se repite incesantemente que estamos ante una crisis sin precedentes. Entre todos podemos lograr que la recuperación sea también extraordinaria, acabando simultáneamente con las dos enfermedades que afectan a nuestra sociedad: el Covid-19 y la exclusión social.