La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a 28.000 ONG, se ha reunido con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, en el seno de la Comisión de Diálogo Civil, para elaborar un plan de trabajo conjunto y desarrollar una agenda social compartida basada en la cogobernanza entre las ONG de Acción Social y la propia administración.

Durante su intervención, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha subrayado que para lograr esto es necesario mejorar la interlocución y el dialogo civil para que el trabajo conjunto pueda ser real, efectivo y productivo.

En este sentido, ha puesto sobre la mesa la importancia de la Comisión de Diálogo Civil como un órgano colegiado de participación de la Administración General del Estado, de carácter paritario, para la colaboración, cooperación, propuesta y diálogo permanente.

Durante el encuentro, se abordaron una serie de cuestiones relacionadas con el modelo de financiación del Tercer Sector que, a juicio de la PTS, debe ser “estable y suficiente” para dotar de seguridad jurídica y económica a las entidades y para que éstas puedan dar continuidad a los programas de atención a las personas que más lo necesitan.

En este punto, se pidieron nuevamente fórmulas compensatorias de financiación y un plan especial de emergencia financiera, por importe de 600 millones, para paliar los graves desajustes y perjuicios que están padeciendo las entidades del Tercer Sector, que cada vez se encuentran en una situación de mayor debilidad para afrontar el gran desafío social provocado por la COVID- 19.

Por otro lado, también se puso sobre la mesa la necesidad de disponer de información relacionada con las convocatorias del IRPF, el calendario y los plazos de la orden regulatoria del Impuesto de Sociedades, así como el estado de las subvenciones nominativas.

Además, se recordó al secretario de Estado los temas pendientes de la Agenda del Tercer Sector como son el desarrollo de la Ley del Tercer Sector y la del Voluntariado, así como otras normas transversales con impacto en los derechos sociales tales como la regulación del Ingreso Mínimo Vital o la aprobación de los nuevos presupuestos generales del Estado, que deben tener una mirada social.

Por último, Álvarez se comprometió a desarrollar varias líneas de trabajo relacionadas con el diagnóstico y la elaboración conjunta de estrategias nacionales, el impulso de las tareas nominativas pendientes y el desarrollo de un nuevo marco de financiación estable para las entidades de acción social.