La regulación de la Comisión para el Diálogo Civil refuerza la interlocución del Tercer Sector con el Gobierno

Imagen con título Comisión para el Diálogo Civil
28/07/2017

La Plataforma del Tercer Sector (PTS) celebra la aprobación del Real Decreto por el que se regula la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector, una mesa de diálogo e interlocución aprobada en enero de 2013 por resolución de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, que se ha convertido en un foro para la participación permanente entre el Estado y las entidades del Tercer Sector de Acción Social.

 

Con esta nueva norma, aprobada hoy por el Consejo de Ministros, se cumple lo dispuesto en la Ley del Tercer Sector de Acción Social, en vigor desde el año 2015, con el objetivo de reforzar la colaboración, cooperación y el diálogo permanentes entre la Administración General del Estado y la Plataforma del Tercer Sector, tal como dicta el Real Decreto. 

El presidente de la PTS, Luciano Poyato, se ha mostrado satisfecho con el acuerdo ya que eleva el rango normativo de la Comisión, que pasa a ser presidida por el/la titular del departamento ministerial. Además ha destacado que el refuerzo de esta comisión es “fundamental” para la interlocución del Tercer Sector con el Gobierno, tanto a la hora de hacer diagnósticos como de proveer soluciones a las principales preocupaciones del sector.  

Entre las funciones de la comisión está fortalecer la participación del Tercer Sector en el diseño y aplicación de las políticas públicas de inclusión social;  conocer o debatir las medidas que afecten directamente a los grupos de población en riesgo de pobreza o exclusión social, los planes o programas de acción para el apoyo, el impulso del sector y los sistemas de financiación; entre otros asuntos.

Desde la PTS siempre han destacado la importancia de esta comisión que reconoce a la plataforma como un interlocutor válido de la sociedad civil para plantear sus necesidades al Gobierno y tratar de dar soluciones a las cuestiones que afectan a las personas en riesgo de exclusión social.